En un discurso tras el cual no se produjo ninguna petición de palabra de los asistentes a la asamblea, el presidente de la organización empresarial reclamó también que el sector público colabore con la salida de la crisis en España con un ajuste de gasto que incluya medidas como el hecho de que el usuario de las infraestructuras sea cada vez más su financiador y una reducción de subvenciones asociadas a algunos servicios públicos.

Juan Rosell dijo que  la economía española de está inmersa en un crecimiento “muy débil y frágil” y en la que depende del sector exterior para mantener los avances del crecimiento.

Cambio en el patrón de crecimiento

“Lentamente y con muchos sacrificios, la economía española está cambiando –dijo- su patrón de crecimiento hacia uno más industrial y exportador. Pero este esfuerzo que está haciendo el sector privado va muy poco acompañado del esfuerzo paralelo que deberían hacer las Administraciones Públicas, tanto desde el punto de vista normativo como presupuestario, para acelerar este cambio”, añadió

Juan Rosell insistió en que España debe recuperar la confianza. “Primero en nosotros mismos, realizando las reformas necesarias para crear un entorno favorable a la empresa que permita al empresario desarrollar su tendencia natural a mirar al futuro y asumir riesgos. Pero también para recuperar la confianza de los mercados internacionales”.

Ajustes en el sector público

Según el presidente de la CEOE, el ajuste del sector público precisa de medidas en profundidad como las relativas a personal al servicio del Estado. “No basta una reducción horizontal del salario durante un año. Es necesario hacer un  verdadero análisis de las necesidades de personal de la Administración estableciendo criterios claros para delimitar el personal funcionario laboral, y reduciendo el número de empleados públicos en las actividades menos necesarias o duplicadas por otras Administraciones Públicas”.

A juicio de Rosell las necesidades presupuestarias y la eficiencia económica deben llevarnos a un cambio mediante el cual  “el usuario de las infraestructuras debe ser cada vez más el financiador de las mismas”.

Asimismo, deben reducirse, indicó, “las subvenciones asociadas por la prestación de ciertos servicios públicos y eliminarse las transferencias a empresas públicas en pérdidas, tanto autonómicas como estatales y locales”.

Rosell añadió que se producen elevadas transferencias de renta o de capital a entidades que prestan servicios por los cuales se cobra al usuario un precio muy inferior al coste de producción. “Ha que ir reduciendo la brecha entre el precio que se paga por el servicio y el coste de producirlo, salvo excepciones fundamentadas”.

Objetivo de déficit irrenunciable

No obstante, el presidente de la CEOE indicó que el objetivo de déficit para este año es “irrenunciable” y que “el Gobierno debe actuar de forma inmediata ante cualquier atisbo de desviación frente al objetivo”. Y en este sentido resulta “preocupante que no existan aún los instrumentos necesarios que garanticen la transparencia y el control del gasto de las Administraciones”.

Para el presidente de la CEOE, el ajuste del sector público, precisa de medidas en profundidad, como la de aumentar su eficiencia y proseguir la reducción del gasto público corriente . Pero el recorte de gasto no debe afectar a aquellas partidas que inciden sobre la productividad de la economía, como son los gastos en infraestructura, el apoyo al I+D, la formación o la internacionalización.

Juan Rosell subrayó que deben aprobarse medidas para garantizar que los esfuerzos de estos dos últimos años tengan continuidad en el futuro, de forma que haya un verdadero cambio en la estructura de gasto público y no meras medidas coyunturales. En este sentido, “debemos volver a los principios que inspiraron la Ley de Estabilidad Presupuestaria, y que deben aplicarse en todos los niveles administrativos”, dijo el presidente de CEOE. Además, indicó que debe corregirse “el desbordamiento del gasto de personal que se ha producido en los últimos diez años, especialmente en las Comunidades Autónomas”.

Reducir el número de empleados públicos

Entre la primera y la décima legislatura se han traspasado 1.967 competencias desde la Administracion del Estado a las Autonomías, relató Rosell.  «Ni que decir tiene que existen miles de trabajadores sin cometencias en el Estado central, y otros miles en las comunidades Autónomas, en cantidad mucho mayor que la que existía antes», afirmó.

Por eso «no basta una reducción horizonal del salario durante un año -añadió-. Es necesario hacer un verdadero análisis de las necesidad de personal de la Administración, estableciendo criterios claros ara delimitar el personal funcionario del laboral, y reduciendo el número de empleados públicos en las actividades menos necesarias o duplicadas por otras Administraciones Públicas».

Reforma laboral

El otro gran capítulo de reformas estructurales que exige la economía española es, a su juicio, acabar con la rigidez del mercado laboral. “Al contrario que en otros países de nuestro entorno, en nuestro mercado de trabajo no existen mecanismos de flexibilidad salarial o de ordenación del tiempo de trabajo que permitan distribuir los costes de la recesión”.

Para Rosell lo que se necesita es una negociación colectiva “más flexible” para ajustar los tiempos de trabajo y costes a los ciclos económicos y pidió que se adecue el tiempo de la vigencia de los convenios y encontrar fórmulas de desbloqueo en ausencia de acuerdo.

Desgraciadamente, añadió, la reforma laboral que se aprobó el año pasado “no cambia un ápice la situación” y “sin una nueva reforma laboral, tardaremos muchos años en reducir la tasa de desempleo”. Tras insistir en que la empresa necesita un marco laboral flexible reivindicó la importancia del diálogo social. “Un papel abierto al diálogo y a la búsqueda activa de acuerdos, pero a la vez exigente con las necesidades de la empresa y de la economía española”.

Insistió en que los empresarios habían hecho todo lo posible por alcanzar un acuerdo con las organizaciones sociales pero no fue posible y tras el giro, “aunque tímido insuficiente” de la política económica que se había producido en mayo pero que “al menos parecía ir en la dirección adecuada”, el Gobierno lo detuvo con la reforma de la negociación colectiva.

Ahora señaló la CEOE espera que esa reforma sea enmendada por el poder legislativo. Los empresarios, añadió, no se cansarán «de hacer pedagogía y tratar de convencer al Gobierno, a los grupos políticos, a los agentes sociales y a la sociedad en su conjunto de que la respuesta a los retos que tenemos planteados debe ser proporcional a la gran magnitud de los mismos”.