La solución, por tanto pasa, por la reordenación del sistema financiero más que por una modificación de las legislación laboral, algo no compartido por el presidente de la patronal CEOE.

Los máximos representantes de los agentes sociales, junto con el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, han pasado revista a la actual situación del mercado laboral, enmarcándolo dentro de la actual crisis económica que sacude a España.

Para el ministro la crisis, aun teniendo raíces externas ha adquirido especial virulenta por la burbuja inmobiliaria previa que hizo que el sector de la construcción pasara de tener 1,1 millones de empleados a más de 2,7 millones y que, cuando estalló ha provocado que tres de cada cuatro parados nuevos procedan del sector de la construcción o de la industria y los servicios auxiliares de la construcción.

En estas condiciones según Gómez el mercado laboral, caracterizado en su opinión por una escasa flexibilidad, solo reaccionó con una intensa apelación al despido para adecuar la situación de las empresas a la nueva coyuntura económica.

El ministro no quiso culpabilizar a nadie del fracaso de la reforma de la negociación colectiva que intentaban sindicatos y patronal, aunque si dejo claro que piensa que el resultado electoral del 22 de mayo tuvo mucho que ver con el endurecimiento de las posiciones de la patronal que al final hicieron imposible el acuerdo. Algo negado por el presidente de la patronal CEOE, Juan Rosell, que afirmó que la posición de la patronal es el resultado de buscar el equilibrio entre todas las organizaciones que la componen y no solo por la presión de una determinada en una dirección concreta.

Los secretarios generales de UGT y CCOO, Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, dejaron claro desde el principio de sus intervenciones que la causa de la crisis se debió a una connivencia entre el sector de la construcción y las entidades financieras en la creación de la burbuja inmobiliaria y que la reforma del sistema financiero es mucho más prioritaria que la reforma laboral a la hora de que se produzca la deseada creación de empleo.

El líder de CCOO señaló que existe una flexibilidad excesiva en el mercado de trabajo en España, que la reforma laboral de hace un año no ha surtido los efectos que se decía podía tener y que el despido en España puede ser caro, él cree que no, pero lo que si es es rápido.

La salida a la crisis, en su opinión, pasa por desplazar hasta 2016 o 2017 el objetivo de que los países de la UE tengan un déficit público como máximo del 3%, en lugar de llegar a esa cifra en 2013; por una armonización fiscal europea real y un presupuesto europeo efectivo y, por último, porque la banca europea pague una parte de la crisis que generó, es decir que se establezca una tasa a las transacciones financieras.

Méndez, por su parte, también incidió en el mismo sentido señalando a los bancos alemanes y franceses como los verdaderos instigadores de la política económica de la Unión Europea que ahora se centra en la reducción acelerada del déficit público.

Para UGT no se puede culpar solamente al sistema financiero español de la crisis, aunque tiene su responsabilidad por haber concedido créditos en exceso, sino que también los gobiernos tienen parte de responsabilidad por haber permitido la burbuja y concretó en el Banco de España el haberla alentado por omisión y haber amplificado luego los efectos de la crisis al haberla negado.

Los dos sindicatos se mostraron de acuerdo en señalar que sería un escándalo que algunas cajas de ahorros fueran saneadas con fondos públicos y luego subastadas. Creen que deberían permanecer en el sector público y generar una nueva banca pública.

Por su parte, el presidente de la patronal trazó un panorama de la evolución del empleo y paro en los últimos 30 años, destacando como en el tiempo ha ido creciendo en términos globales el empleo hasta alcanzar las cifras actuales, aunque ha habido periodos de mayor actividad. Para Rosell es evidente que buena parte de la legislación laboral se ha quedado anticuada y que debe ponerse al día para hacer frente a los retos actuales de la globalización y de una mayor competencia internacional.

Por eso separa dichas reformas de la crisis concreta de la economía española y considera que se debe mirar con otros ojos lo que habrá que hacer en la actualidad. Para Rosell existen problemas en el terreno laboral para nuevas entradas de trabajadores, en el mantenimiento del puesto de trabajo y en la salida cuando ésta tiene que producirse.

Para CEOE el empleo se va a crear, cuando ocurra, en las pequeñas empresas, que constituyen la gran mayoría del tejido empresarial español, y debe propiciarse que haya menos rigideces y formas de contratar y por eso es partidaria de un nuevo contrato indefinido, con indemnización pactada inferior a los 45 días por año, y pide que haya un contrato de aprendizaje para jóvenes que incorpore formación en la empresa y eso suponga que una parte del salario lo pague el Estado con cargo a los cuantiosos fondos destinados a la formación que ahora se gastan de otra manera a través de patronales y sindicatos.

Rosell afirmó que patronal y sindicatos habían llegado a aproximaciones importantes en materia de lucha contra el absentismo, afirma que cada día un millón y medio de personas no trabajan con bajas y que 400.000 de ellas son ‘profesionales’ del absentismo.

Por último el presidente de CEOE señaló que el Estado se gasta 35.000 millones de euros en desempleo al año y que eso supone que todos los parados que perciban una prestación por desempleo deben obligatoriamente acudir a cursos de formación para que puedan encontrar un nuevo empleo de forma más rápida.

Todos coincidieron en que hay que esperar al trámite parlamentario a la hora de enjuiciar la reforma de la negociación colectiva recientemente aprobada, aunque sindicatos y patronal dudan que pueda corregirse lo que cada una de las partes considera desequilibrada. El ministro señaló que, en cualquier caso, entiende que ni el final de la ultra actividad de los convenios ni la flexibilidad interna pactada en las empresas debe modificarse de forma sustancial.

El ministro de Trabajo afirmó que el salario mínimo interprofesional  crecerá el año próximo en un porcentaje comprendido entre el 1,5 y el 2,5%, que es lo que calcula que crecerán los salarios medios, lo que provocó que los sindicatos acusaran al Gobierno de dejar de lado la promesa lectoral de situar el salario mínimo en 800 euros al final de esta legislatura. Con esa subida se queda muy lejos de dicha cifra