Los diputados socialistas llegaron este martes –Santa María Auxiliadora– a la reunión del grupo parlamentario con el peso de la derrota en sus respectivas provincias. La preocupación se reflejaba en sus rostros. Eran muchos los que querían desahogarse y buscar culpables del fracaso en las elecciones locales y autonómicas del domingo. Hubo cierta coincidencia en que el presidente Rodríguez Zapatero debe agotar la legislatura, aunque sólo sea para no privarles de nueve meses de sueldo. El PP pidió a Zapatero que convoque elecciones generales ya o presente una moción de confianza. Y el portavoz socialista, José Antonio Alonso, le contestó: “verdes las han segado; presenten ustedes una moción de censura si tienen coraje”.
Fue llamativa la intervención de la diputada Clementina Díez de Baldeón, esposa del destronado José María Barreda como presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, culpando al Gobierno de preocuparse más de satisfacer a los mercados que a los ciudadanos y responsabilizando a José Blanco, sin citarle, de una campaña electoral errática que parecía más dirigida a castigar a Zapatero en las costillas de su marido y de otros gobernantes autonómicos y regidores que a defender su buen hacer.
La diputada consorte fue respaldada en su argumento por el diputado de su circunscripción Fernando Moraleda, otrora portavoz del Gobierno. La agitación y el descontento quedaron reflejados en otras intervenciones. Manuel de la Rocha, un histórico de la corriente crítica Izquierda Socialista, realizó una lectura de sentido común ante el resultado: “La representación ha quedado deslegitimada”, lo que significa que los dirigentes del PSOE han de tomar nota y reconstruir cuanto antes la “legitimidad”. Para eso sólo hay un camino: las elecciones generales.
El planteamiento de De la Rocha, quien criticó además la falta de explicación de una política de recortes sociales que no ha sido asumida ni por las bases del PSOE ni por los trabajadores, fue ampliado por los diputados de la corriente crítica José Antonio Pérez Tapias y Juan Antonio Barrios de Penagos. La canaria Pilar Grande levantó aplausos cuando acusó al Gobierno de realizar “una política de derechas” y el ponente y portavoz de la reforma laboral, Jesús Membrado, afirmó que el resultado electoral refleja el rechazo de la izquierda a la política gubernamental.
Las críticas se dirigieron también contra una campaña orientada a “mayor gloria” de Zapatero que, con sus intervenciones, ha facilitado el objetivo del PP de convertir la elección de corporaciones locales y parlamentos autonómicos en la primera vuelta de las generales. Algunos parlamentarios pidieron “cambios profundos”, a sabiendas de que no se producirán, y otros utilizaron el turno para manifestarse a favor o en contra del proceso de primarias para elegir candidato entre Alfredo Pérez Rubalcaba y Carme Chacón a las próximas generales.
El sentir mayoritario parecía escorarse por un acuerdo entre ambos en el seno de la Ejecutiva y del Comité Federal del próximo sábado para evitar mayor agitación y conjurar el riesgo de banderías y desunión en los peores momentos del PSOE. Si se impusiera esta tesis estaríamos ante una solución de compromiso que permitiría a Zapatero adelantar las elecciones y posteriormente al Partido Socialista acudir a un congreso abierto del que surgieran nuevos liderazgos.
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