Un concejal de los denominados “constitucionalistas” de un municipio guipuzcoano comentaba a sus conocidos su sensación de desasosiego tras conocer los resultados de las elecciones municipales en el País Vasco. A este concejal, que había resultado elegido, no le preocupaba la pérdida de votos de su partido, porque ya contaba con ello, lo que realmente le agobiaba era pensar que ahora tendría que seguir viviendo escoltado con vigilancia privada mientras que los ediles electos de Bildu, con los que tenía que compartir su silla en el consistorio, podrían vivir con toda libertad de movimientos y festejar su triunfo sin miedos, levantando la cabeza y sacando pecho.

Este y otros muchos concejales anónimos que habitan el País Vasco tienen que seguir dando ejemplo, con la incertidumbre y el miedo habitual, a la espera de lo que decida hacer ETA, que como todo el mundo sabe sigue en activo y tratando de controlar la situación, aunque haya decretado una tregua. Euskadi, mientras no se demuestre lo contrario, vive “un más de lo mismo” en una “democracia vigilada”.

Pero este ha siso un triunfo sin precedentes. Los resultados electorales de Bildu comparten portadas con el éxito del PP y la debacle socialista en todos los titulares de Prensa, Radio y Televisión. Podemos leer  títulos más o menos acertados como “Explosión de Bildu” o más descriptivos como “Bildu se convierte en la segunda fuerza de Euskadi.”. Han cubierto las expectativas logrando 953 concejales, más que nadie en el País Vasco, lo que les supone 74 alcaldías y 32 mayorías simples. Bildu ha batido la marca que había logrado Euskal Herritarrok en 1999. Pero lo cierto es que esta coalición ha recogido, además de los votos de la izquierda abertzale, los provenientes de los seguidores de Eusko Alkartasuna e Izquierda Unida del País Vasco. Habrá que tenerlo también en cuenta.

En fin, sin que ETA haya entregado sus armas, y tras el visto bueno obtenido en el Tribunal Constitucional, Bildu tiene alas y vuela para pisar moqueta y manejar presupuestos municipales que superarán los 1.200 millones de euros en los próximos cuatro años de legislatura. Ellos disfrutarán de los “placeres” de la democracia mientras otros siguen su andadura con la escolta pegada a sus vidas. El País Vasco sigue viviendo en “democracia vigilada”.