Resulta sorprendente que la Junta Electoral Provincial de Madrid en su resolución denegando la autorización a las concentraciones del Movimiento 15 M, “Democracia Real ya”, y al margen de la cuestión de plazo de la petición, argumente que pueden afectar e interferir con la campaña electoral, como si ésta fuera patrimonio exclusivo de los partidos políticos establecidos y ellos fueran los únicos legitimados para intentar influir en la decisión de los electores y solicitar su voto. Con su resolución, las citadas Juntas Electorales pretenden imponer un paréntesis en el ejercicio de ciertos  derechos constitucionales, precisamente porque estamos en campaña electoral. Incomprensible.

Los ciudadanos, cualquier ciudadano, individual o colectivamente, tiene reconocido constitucionalmente el derecho de opinión, de expresión, de reunión, y, en campaña electoral, puede y debe hacer oír su voz, expresando su indignación, su apoyo o su rechazo a una u otra opción política o a todas en su conjunto, así como a recomendar o solicitar el voto de sus conciudadanos, aunque este sea en blanco o nulo, opciones tan legítimas como cualquier otra, aunque a algunos, como es mi caso, no las compartamos.

Lamentablemente la democracia se ha ritualizado para quedar reducida, valga la simplificación, a la elección mediante sufragio universal de los gobernantes. El rito del voto se cumple cada X años y luego se espera que los ciudadanos se ocupen de sus asuntos, que no incordien, y que dejen a los profesionales, a los políticos, ocuparse de la cosa pública.

Así la política y la gestión de los intereses supuestamente generales se produce a través de una óptica absolutamente partidista y sectaria; los debates tienen más que ver con la lucha por el poder que con las preocupaciones de la gente común, que se siente desencantada y abandonada a su suerte, con una sensación de desamparo especialmente grave en momentos de dificultades como los que vivimos. Y no nos engañemos, esta percepción es atribuible a todos y cada uno de los partidos: ninguno está libre de culpa.

Que miles de ciudadanos se reúnan pacíficamente para expresar su indignación y hacer patente su crítica y su desencanto con los partidos políticos no debería inquietar a nadie. Se trata del ejercicio de un derecho democrático, de una forma de participación en la vida política absolutamente legítima, como legítima es la utilización de un período electoral , en el que todos los candidatos nos cuentan su País de la maravillas y nos amenazan con el desastre de los ajenos, para hacer una enmienda a la totalidad y reclamar otra forma de hacer política, otra forma de gestionar más próxima a la gente, más atenta a los problemas de los ciudadanos y más preocupada por soluciones concretas y útiles que por el mantenimiento de cuotas de poder.

Y no pasa nada por expresar este u otro mensaje en período electoral, por tratar de influir sobre las opiniones de otros y para eso están justamente las campañas electorales. Aunque no concurran a las elecciones, aunque no sean elegibles, todos los ciudadanos tienen derecho a expresarse y a tratar de convencer a otras personas. Haríamos bien en escucharlos.