Fernando Martín cobró un 18,2% menos en 2010

10/05/2011

diarioabierto.es. El presidente y primer accionista de Martinsa Fadesa, Fernando Martín, percibió una remuneración de 2,155 millones de euros por su puesto ejecutivo en la inmobiliaria en 2010, importe un 18,2% inferior al de un año antes.

La retribución al conjunto del consejo de administración de la compañía pendiente de emerger definitivamente del concurso de acreedores en el que cayó en julio de 2008 se redujo en un 44,3% el pasado año, hasta situarse en 2,68 millones.

No obstante, el número total de miembros del máximo órgano de gestión de Martinsa Fadesa se redujo hasta ocho puestos en 2010, desde los nueve con que contaba en 2009, según el informe anual de gobierno corporativo de la inmobiliaria remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Fernando Martín es el único consejero del grupo que tiene carácter ejecutivo. De su lado, los seis vocales con consideración de externos dominicales fueron remunerados con un total de 401.000 euros, un 21% menos que un año antes.

En este grupo figuran el vicepresidente y segundo accionista de la inmobiliaria, Antonio Martín Criado; el hijo de Fernando Martín, y Jesús Ignacio Salazar Bello.

De su lado, el único consejero externo independiente, puesto que ocupa el ex secretario de Estado de Industria José Manuel Serra Peris, percibió 131.000 euros, un 14% más que en 2009.

Por su parte, la remuneración a la alta dirección fue de 186.000 euros, que se abonaron íntegramente al director general de la empresa, Antonio Gil Rabadán. Este monto es tres veces inferior al de 2009, cuando los dos altos directivos se repartieron un total de 603.000 euros.

Martinsa Fadesa cerró 2010 con una pérdida de 827 millones de euros, un 16% superior respecto a los ‘números rojos’ de un año antes. El resultado se vio condicionado por la decisión de la compañía de provisionar de forma extraordinaria, por importe de 354 millones de euros, los intereses de la deuda desde la entrada en concurso, aun cuando no se han devengado por no estar en vigor el convenio de acreedores.

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