En la acción parlamentaria de control al Gobierno formulan los diputados muchas preguntas que contribuyen al conocimiento y algunas que, sin aumentar el bagaje de nuestra sabiduría, tienden a satisfacer el morbo. “¿Cuál es el coste de los tratamientos de inseminación artificial a los que se están sometiendo los presos de ETA Nerea Bengoa y Fernando García Jodrá?, ¿a cuántos reclusos se les ha facilitado este tratamiento?”, preguntó por escrito el 17 de marzo el diputado del PP Ignacio Cosidó al ministro de Justicia, Francisco Caamaño. No me negarán ustedes que la pregunta no tiene morbo. ¿Por qué hemos de pagar con nuestros impuestos el deseo de procreación de dos condenados terroristas?, es la cuestión que subyace.

El Gobierno suele responder cuando le da la gana, a veces con dos años de retraso. Pero en esta ocasión ha contestado pronto, aunque por respeto a la “confidencialidad”, se ha limitado a decir que “diez reclusos han recibido tratamientos de inseminación artificial y fertilidad”. Aunque los filtradores de la información no estaban lejos del despacho de la secretaria de prisiones, Mercedes Gallizo, ésta no ha especificado cuántos beneficiarios son etarras ni cuál es el coste del tratamiento, incluido el traslado de reclusos y los transportes urgentes para que no se estropee el producto inseminador. Queda claro que la oposición alimenta el morbo, pero el Gobierno no le sigue el juego porque el Gobierno es serio, es bueno, satisface los deseos y derechos de todos los seres humanos y respeta su intimidad.

Para que vean que el Ejecutivo es muy respetuoso con la legalidad, el vicepresidente primero, Alfredo Pérez Rubalcaba, niega en respuesta a Gaspar Llamazares la orden a la policía de realizar redadas indiscriminadas de inmigrantes. No son redadas sino “identificación de personas y comprobaciones pertinentes en la vía pública» –le dice– de acuerdo con la ley de 1992 de protección de la Seguridad Ciudadana. Y si existe una circular al respecto, hay que interpretarla bien y entender que la Comisaría General de Extranjería la emite para “instruir al colectivo policial” sobre los cambios normativos de la ley de extranjería de 2009. ¿Acaso pensaba Llamazares que Rubalcaba iba a reconocer las redadas para devolver a los inmigrantes indocumentados a su destino, tal como dispone la ley?

Algunas respuestas amplían los conocimientos. Por ejemplo, ahora sabemos que la supresión de 42 subdirecciones generales ha reportado un ahorro de 2,8 millones de euros a las arcas públicas, o que en 2010 se realizaron 4.000 inspecciones a empresas para vigilar “la igualdad efectiva entre mujeres y hombres”, se detectaron 130 infracciones, se realizaron 1.636 requerimientos y se impusieron multas por valor de 1.551.451 euros. El promedio de infracciones contra la igualdad es de una por cada 15.800 trabajadores. Son datos interesantes en respuestas a sus señorías, aunque ya comprendo que no tienen morbo.