Estamos en una nueva fase de esta permanente campaña electoral en la que vivimos y nuestros políticos volverán a cruzarse descalificaciones y acusaciones mutuas sobre cuestiones que les parecen útiles para sus intereses partidistas y se olvidarán de aquellas cuestiones que afligen a sus electores. Para reforzar a sus votantes, unos no tendrán inconveniente en ignorar la división de poderes y los principios básicos del Estado de Derecho; otros, tratarán de aclarar como sea la negra realidad, de la que ellos, por supuesto, son enteramente inocentes…

Mientras, la sociedad española asiste desesperanzada al desmontaje del Estado de Bienestar, amenazado por sucesivos recortes de prestaciones y servicios sociales y, sobre todo, por la aspiración de algunos de ocuparse tan solo de si mismos, olvidando la más elemental solidaridad, y sobre todo vislumbrando que hay un gran campo de negocio en la atención privada de servicios básicos de las personas.

La contención del gasto público y la consiguiente reducción de servicios sociales insistentemente reclamada, dentro y fuera de nuestro país, por los partidos conservadores y liberales, han sido impuestas por la fuerza de los mercados y llevada a la práctica por quienes no creían que esa fuera la solución. Pero, sea como sea, derechos y conquistas sociales que hace nada parecían enteramente consolidadas, están ahora en revisión. Y los distintos agentes sociales intuyen que, por mucho que les pese, va a ser difícil frenar el proceso.

Los ciudadanos siguen de forma muy mayoritaria apelando al Estado del Bienestar, al que consideran como una conquista social irrenunciable, pero desconfían de la capacidad del sistema para satisfacer las necesidades de todos los miembros de la sociedad. Esta es, al menos, es una de las conclusiones del interesante estudio “Bienestar en España. Ideas de futuro desde el discurso de padres y madres”, realizado por la FAD y por la Obra Social de Caja Madrid.

De acuerdo con el citado estudio, casi el 60 por ciento de los padres y madres con hijos adolescentes creen que la actual crisis va a empeorar el futuro económico y social de sus hijos y el 53 por ciento están convencidos de que sus hijos van a contar en el futuro con menor protección social de la que ellos tuvieron en el pasado.

En el citado estudio aflora también un patente pesimismo ante el futuro. Tendremos más dificultades para salir de la crisis porque somos una sociedad acomodaticia y pasiva, porque nuestra juventud está anestesiada y acomodada y porque los poderes públicos gestionaron mal.

Esto es lo que preocupa a los ciudadanos corrientes, su bienestar futuro, tanto el propio como el de sus hijos, y éste depende no solo del acceso al un puesto de trabajo y a un salario digno, sino también de la solidaridad del sistema ya que, en muchos casos, educación, sanidad y otros muchos servicios sobrepasan la capacidad económica de la mayoría de las familias.

No estaría de más que en algún momento el debate político, en lugar de ocuparse de cuestiones ficticias, mal interpretadas y retorcidas o en aspectos colaterales,  se abriera a una discusión con ideas y argumentos sobre el futuro del bienestar de los ciudadanos, su alcance, la forma de conseguirlo, mantenerlo y gestionarlo, con todo lo que esto lleva implícito.