Las eléctricas recurrieron el real decreto porque recogía un plazo de sólo tres días para que las centrales remitiesen sus cartas de intención a los distribuidores eléctricos. La Audiencia ha decidido aplazar la aplicación del desarrollo para estudiar la citada solicitud, medida que también fue solicitada previamente por carta por el Tribunal de Luxemburgo.

{destacado}Para la organización ecologista, se trata de una decisión judicial positiva, al entender que la medida de ayudas al carbón hasta 2014 perjudica el medio ambiente, es un gasto «innecesario» y retrasa la reconversión del sector minero.

Además, la organización reitera la «total incompatibilidad» de esta normativa con el futuro régimen europeo de ayudas al carbón y con la estrategia europea a 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador.

Según Greenpeace, se trata de una medida «exclusivamente destinada a beneficiar al empresariado minero que retrasa la necesaria reconversión del sector y, por lo tanto, no garantiza un futuro a sus trabajadores».

«La aceptación de las medidas cautelares solicitadas por las partes en un proceso es el primer indicio de que la autoridad judicial considera razonables sus argumentos y dañina la aplicación de la normativa impugnada» explicó la responsable de la campaña cambio climático y energía de Greenpeace, Aida Vila.