La organización presidida por Claudio Boada ha presentado un documento sobre las administraciones territoriales en el que, además de abogar por una mayor responsabilidad fiscal de las mismas y un importante plan de ajuste presupuestario de ellas, estima que sería bueno que se redujera el elevado número de ayuntamientos existentes y que, probablemente, deberían desaparecer las diputaciones provinciales y los cabildos insulares al ser organismos intermedios entre las comunidades autónomas y los ayuntamientos.

Respecto a los ayuntamientos, Boada no ha querido cuantificar el número de los que deberían desaparecer pero ha señalado que algunos países europeos lo han hecho a lo largo de los últimos años y que redundaría en un mejor servicio a los ciudadanos porque entidades muy pequeñas “apenas pueden proporcionar servicios a los vecinos o, si lo hacen, es de forma muy deficiente”.

Junto a estas medidas, que el Círculo entiende que de ponerse en práctica sería de forma lenta, el documento pide la adaptación de otras cuya eficacia sería inmediata. Una de ellas es que se establezca un techo de gasto para las comunidades autónomas, en línea con lo que hace el Estado con sus cuentas, y que se establezca una mayor corresponsabilidad fiscal de las autonomías.

Ello quiere decir que se responsabilicen más de los ingresos con los que hacen frente a sus gastos incrementando la parte de los principales impuestos que actualmente reciben las comunidades autónomas. Ahora el 50% del IRPF va a ir a los presupuestos autonómicos, el 50% del IVA y el 58% de los impuestos especiales. Para el Círculo es necesario que todo el mundo sepa que debe cumplir con sus obligaciones y que si no lo hace nadie va a venir a sacarles del atolladero como, en su opinión, ocurre actualmente.

El Círculo estima que sería conveniente que se estableciera un mecanismo sancionador para las comunidades y ayuntamientos que no alcancen sus compromisos de déficit de forma que no sea el Estado central quien corra con el coste del incumplimiento sino que lo sean quienes lo provocan. A este respecto Boada señaló que “los límites de déficit están para ser cumplidos” en referencia al anuncio de la Generalitat de Catalunya de que en este ejercicio no lo va a hacer.

Boada reiteró que hay que cumplir lo establecido y se mostró poco partidario con el hecho de que, además, el gobierno catalán haya anunciado que suprimirá el impuesto de sucesiones este año precisamente cuando su déficit va a ser superior al permitido.

El documento es muy crítico con la falta de transparencia de las cuentas públicas de las administraciones territoriales, pidiendo que todas las comunidades autónomas se comprometan a presentar sus cuentas mensuales, igual que lo hace el Estado central, y con el papel que el sector público no dependiente de los presupuestos juega para enmascarar el gasto real de esas administraciones y su nivel de endeudamiento.

Para el Círculo debería englobarse todo en una única cuenta de forma que se conociera con mayor exactitud y realidad lo que ocurre en comunidades y ayuntamientos. La deuda de las empresas públicas y de las fundaciones públicas no computa como déficit de esas administraciones y ello permite enmascarar algunas situaciones complicadas. El Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, transfirió parte de su participación en el Canal de Isabel II a un organismo público que se endeudó para ello y así consiguió liquidez sin incrementar su propia deuda.