La comisión de Empresa y Ocupación del Parlamento de Cataluña debatirá el miércoles la propuesta de la coalición ecosocialista ICV de establecer una moratoria en la apertura de dos nuevos pozos junto a la plataforma petrolera Casablanca que Repsol tiene a 45 kilómetros de las costas de Tarragona, mar adentro. El mismo dí­a y a la misma hora, dos preguntas de la diputada de la misma formación Hortensia Grau obligarán al gobierno catalán a responder en la comisión de Territorio y Sostenibilidad sobre la apertura de diligencias informativas a la petrolera que preside Antonio Brufau por los episodios de vertidos de fuel al mar ocurridos a finales del año pasado, así como sobre las medidas adoptadas con relación a las fugas de combustible que Repsol tiene en el puerto de Tarragona.

El propio presidente de Repsol, Antonio Brufau, tranquilizó a los responsables polí­ticos de Tarragona a mediados del pasado mes enero, cuando anunció que la compañía invertirá  en los próximos tres o cuatro años un total de 130 millones de euros con el objetivo de mejorar las medidas de seguridad de la refinerí­a de Tarragona y de la plataforma petrolera Casablanca. De esta forma, la compañía escenificó el propósito de enmienda para que no se repitan los vertidos de fuel que en los últimos meses del año pasado alarmaron a los sectores turí­stico y pesquero de las costas catalanas. Repsol ha estado implicada en tres de los últimos cuatro accidentes en los que se derramaron miles de litros de carburante en el litoral de Tarragona.

Inversiones de 130 millones en seguridad

Las inversiones comprometidas por Repsol estaban previstas a más largo plazo y ahora la compañí­a ha decidido acelerarlas ante la inquietud generada en Cataluña por sus actividades. De los 130 millones de euros, 80 millones servirán para adecuar todo el pantalán y el rack, ya que la compañía quiere renovar casi todas las lí­neas del conjunto de tuberí­as que van de la refinerí­a hasta el puerto de Tarragona y del puerto a la monoboya. Los 50 millones restantes se destinarán a la plataforma Casablanca, situada frente a las costas del delta del Ebro, para revisar los mecanismos de seguridad y situarlos «en los mejores estándares del mundo», según anunció Brufau. En la misma reunión, se acordó crear una comisión de seguimiento y que una embarcación revise durante las 24 horas de los 365 dí­as del año el pantalán de la compañía en el puerto tarraconense, y no cada ocho horas como hasta ahora hací­a.

De aprobarse la moratoria en Cataluña, precisamente después de que el gobierno de EEUU levantara recientemente la que regí­a en el golfo de México tras el desastre de hace un año; Repsol recibirí­a un serio varapalo, ya que a los dos nuevos pozos de extracción de crudo frente a las costas de Tarragona los espera poner en marcha este mismo verano, en unos momentos en que la compañí­a petrolera española diversifica sus exploraciones con inversiones en Alaska y otras zonas del mundo, entre otras razones para compensar la suspensión de sus actividades en Libia, donde la compañí­a presidida por Brufau extrae el 4% de su producción. Sin embargo, el debate auspiciado por la formación ecosocialista y agitado en la calle por Greenpeace dificulta los planes de Repsol en este sentido, tras haberse producido los vertidos justo en la zona donde quiere reactivar una producción que se agota.

Con los dos nuevos pozos perforando bajo una capa de agua de 700 metros, la plataforma Casablanca, la única de extracción de petróleo en las costas españolas, alcanzarí­a los 8.000 barriles diarios y permitirí­a prolongar la actividad durante al menos una década más, aunque el pico de 45.000 barriles diarios alcanzado en 1983 seguirí­a quedando muy lejos.

Desde el inicio de la explotación, en 1982, se han extraído más de 140 millones de barriles de un crudo de calidad bastante alta. El Consejo de Ministros aprobó en febrero de 2009 prolongar la concesión de explotación de la plataforma de Repsol diez años más sobre los 30 iniciales, dadas sus características estratégicas. Las mismas razones por las que se presume que la propuesta de moratoria será rechazada, mientras las explicaciones e inversiones anunciadas por Brufau serán el principal argumento de la respuesta de la Generalitat.

Rechazo al almacén de residuos nucleares

El último pleno del Parlamento catalán, celebrado el pasado 14 de abril, aprobó parte de la moción sobre la energí­a nuclear impulsada por ICV y parcialmente transaccionada con el PSC. Con esta moción, la cámara rechazó de nuevo la instalación de un almacén temporal centralizado de residuos nucleares en Ascó, punto que contó con el apoyo de todos los grupos menos del PP, que votó en contra , i Ciutadans, que se abstuvo.

El Parlament también reclamó por unanimidad que se agilizaran las gestiones para que el Gobierno central presente, en el plazo de tres meses, un plan de trabajo y un calendario para dar pleno cumplimiento, con los recursos necesarios, a la implantación del Plan de Emergencia Nuclear de Tarragona (PENTA). El texto aprobado insta también al Gobierno a que actualice los planes de seguridad, teniendo en cuenta a la Generalitat y de acuerdo con las nuevas exigencias que se derivan del accidente nuclear de Japón, de forma que garantice que las centrales nucleares puedan superar cualquier incidente que impida el suministro eléctrico externo.