Las aguas están muy revueltas en el sector eléctrico. Unesa, la patronal que representa a las cinco grandes compañías eléctricas del país (Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, HC y E.ON.), ya no sabe cómo hacer ver a Gobierno y PP que el déficit eléctrico cada vez es más grande con lo que cada vez las empresas cuentan con menos dinero para invertir y, al final, «habrá apagones»; que la congelación de la tarifa supondrá un «encarecimiento» mayor para el futuro; o que para evitar nuevas sobrecargas se «reparta entre todos» los sectores energéticos el coste de las primas a las renovables, incluido el de los carburantes.

Ante este negro panorama, el presidente de Unesa, Pedro Rivero, considera que lo más conveniente es «eliminar la tarifa eléctrica». Sería, en su opinión, la única forma de que ningún gobierno, sea del signo que sea, intente «meter mano» con fines que nada tienen que ver con el mercado. Es más, Rivero asegura que el sector aún no está liberalizado, pese a los diez años que se lleva intentando. 

La «penúltima» queja afecta a la posición que está manteniendo el PP para lograr un pacto de Estado energético: «comete un error» el condicionar todo a que no suba la tarifa. Rivero concretó que con esta posición lo único que se consigue es que se tenga que pagar más en el futuro. Su razonamiento es claro: «No puede ser que por razones políticas aunque el coste sea cinco, yo cobre cuatro», mientras que recuerda que en 1997 se pactó una rebaja de la tarifa para poder entrar en la Unión Europea. De no haberse fijado esta rebaja el déficit eléctrico, que ronda los 20.000 millones de euros, «no existiría».

A falta del pacto político, las eléctricas confían en la titulización de la deuda, calculando que muy pronto tendrá lugar la primera emisión que podría rondar los 3.000 millones de euros, ante el compromiso del Gobierno de sacarla adelante. Todo está pendiente de que en diez o doce días se publique el folleto del Fondo de Amortización del Déficit Eléctrico (FADE), que ya va con retraso porque el Tesoro pidió tiempo para realizar «ajustes técnicos».

Aunque otra de sus opciones, la más adecuada, sería que los Presupuestos Generales del Estado asumieran dicho déficit para que nadie pague el déficit. El problema es que con la situación económica que hay ni se puede mencionar esta solución y, por ello, en Unesa ven como mejor salida a la situación «llevarlo a tarifa o pagarlo»entre todos».

Pero la parálisis que se ha producido en la búsqueda de soluciones han llevado a Rivero a plantearse que tal vez «al regulador le da pereza» acabar con el problema del déficit, dado que las compañías están logrando gran parte de su negocio fuera de España, donde encuentran mayor rentabilidad.

{destacado}Además, Rivero se refirió a otro de los frentes abiertos: la inversión en energías renovables. Unesa propone, en este sentido, que sean los consumidores de gas y los productores petrolíferos los que paguen el 75% de las primas que recibe ese sector, a fin de que se deje de financiar a través del recibo de la luz.

En el documento presentado por Unesa sobre «La situación económico-financiera de la actividad eléctrica: 1998-2009», Rivero concretó, precisamente sobre las primas a las renovables que en 2009, los consumidores sufragaron a través de la tarifa eléctrica 6.215 millones de primas a las renovables, de los que 2.688 millones correspondieron a la fotovoltaica, 1.608 millones a la eólica, 232 millones a la hidráulica y 190 millones a la biomasa. O lo que es lo mismo: de cada 100 euros de tarifa eléctrica que pagan los consumidores, 22,5 euros se destinan a las primas al régimen especial.

Pero ya puestos a hablar de «futuribles», Rivero reconoció que «si me ponen en la situación de Alemania, aceptaría los recargos (una tasa a la energía hidráulica o a la nuclear», aunque primero se tendría que garantizar que «el déficit de tarifa es cero».

«Habrá apagones»

Por último, Rivero no descartó la posibilidad de que «si nos pagan habrá apagones» , en referencia a otro de los problemas que afecta al sector: los ciclos combinados de gas o plantas de carbón que, pese a formar parte de la capacidad «ociosa» durante buena parte del año, deben participar en el sistema en momentos de alta demanda.

El informe  de Unesa cifra en 1.743 millones y en 872 millones las pérdidas de explotación que, respectivamente, sufren los ciclos combinados de gas y las plantas de carbón, lo que sitúa en 2.600 millones los «numeros rojos» de estas instalaciones. El carbón tiene una rentabilidad negativa del 16% y los ciclos combinados, del 11,3%.

«A las empresas les cuesta la garantía de suministro una cantidad que el mercado no paga. El mercado no paga la capacidad ociosa. Y si no lo pagan habrá apagón», advirtió Rivero en alusión a la necesidad de algún tipo de compensación para el gas y el carbón, antes de insistir en que esta postura no se contradice con su voluntad de «arreglar todo lo que se pueda mediante el mercado», ya que la asociación está por regla general en contra de «primas o ayudas».

El presidente de Unesa aseguró además que hasta 2020 será necesaria la instalación de 30.000 nuevos megavatios (MW) en España y que «las centrales tenderán a funcionar menos horas», pero aun así «serán necesarias», porque «habrá apagones si no». Por este motivo, «están obligados a compensar las energías no garantizadas», añadió.

Para Unesa, el Gobierno debería compensar los efectos del decreto del carbón con «un mecanismo que no estropee otro trozo del mercado», señaló Rivero, para quien, mientras no haya compensaciones, la «solución» pasa por recurrir la norma ante la Justicia, como ya han hecho las eléctricas al denunciarla ante el Tribunal Supremo y el Tribunal de Luxemburgo.