Tras las ventas, la SEPI abandonará el capital de estas compañías, salvo en el caso de REE, donde la desinversión reducirá del 20% al 10% su presencia y situará la participación en el mínimo exigido por ley dentro del gestor técnico de la red eléctrica.

La autorización del Gobierno se produce después de que el Consejo Consultivo de Privatizaciones (CCP) considerase a finales de febrero que las actuaciones realizadas hasta la fecha por SEPI respetaban plenamente los principios de publicidad, transparencia y concurrencia en el proceso de venta.

A precios actuales de mercado, estas participaciones están valoradas en 901 millones de euros, a razón de 555 millones por la inversión en REE, 220 millones por la de Ebro Foods y 126 millones por la de IAG.

El holding público maneja tres opciones para las ventas, todas ellas aceptadas por el CCP. La primera, la más rápida, consiste en que la entidad elegida compraría en firme las participaciones y las colocaría posteriormente entre inversores.

La segunda opción consiste en que la entidad elegida tendría un plazo de dos o tres días para elaborar un libro de demanda, fijar el precio y proceder a la colocación. En este caso, la entidad no compraría las acciones, sino que cobraría una prima por la colocación.

La tercera opción es la de ventas diarias de acciones en los mercados. La ventaja de este método es que SEPI tendría flexibilidad para controlar el precio y el volumen de ventas, y podría obtener por ello más ingresos, pero también hay un «gran inconveniente», que es el número elevado de sesiones para acometer la desinversión, señala el CCP.