Al término de la rueda de prensa del Consejo de Ministros, que aprobó el proyecto de ley de reforma de las pensiones, Gómez indicó que tras este ‘periodo de gracia’ (desde junio de 2011 a diciembre de 2012), donde el Gobierno otorgará «incentivos» para que las empresas y trabajadores regularicen prácticas fraudulentas, las sanciones se endurecerán en la mayoría de los casos.

«De lo que se trata es de abrir un periodo donde sea posible regularizar voluntariamente la situación (de empleo irregular) y que el Estado ayude a ello. Después de ese periodo, algunos comportamientos tienen que ser sancionados de una forma más intensa», añadió Gómez, que negó que se trate de una especie de ‘amnistía’ para que los incumplidores regularicen su situación a cambio de evitar sanciones.

«Más control y más sanciones de aquellos que incumplen», reiteró Gómez, tras recordar que actualmente ya existen multas para aquellos trabajadores que están percibiendo prestaciones por desempleo y, al mismo tiempo, trabajando de forma irregular. Así, apuntó que cada año se abren 250.000 expedientes a empleados por incumplir esta norma.

El titular de Trabajo precisó que los incentivos que adoptará el Gobierno para facilitar la regularización voluntaria están relacionados, entre otras cosas, con plazos para que las deudas acumuladas por las empresas puedan ser pagadas con mayores posibilidades.

Aunque admitió que ya existen aplazamientos en el pago de las deudas, señaló que el Gobierno puede «ayudar» a que duren más tiempo, así como aligerar las garantías que deben presentar las empresas para acogerse a dichos aplazamientos.

SE NEGOCIARÁ CON LOS AGENTES SOCIALES.

Gómez eludió entrar en más detalles, ya que la intención del Ejecutivo es trasladar el plan de empleo sumergido a patronal y sindicatos para negociar los detalles del mismo, si bien aclaró que su departamento ya lo tiene «muy avanzado», con una doble intencionalidad: mejorar la sostenibilidad de los sistemas de protección social y asegurar el trabajo decente.

Finalmente, indicó que es «difícil» calcular cuánto empleo sumergido puede aflorar, y volvió a insistir en que, según diversos estudios, la economía sumergida en España varía entre el 15% y el 25% del PIB, en línea con otros países del Centro o Norte de Europa.

«El trabajo no declarado es un fenómeno común en el conjunto de Europa», insistió Gómez, tras recordar que el objetivo de aflorar empleo sumergido es común en el conjunto de la UE, de ahí que se haya incluido en el ‘Pacto del Euro’.