Este sábado, 19 de marzo, experida el plazo dado por el Gobierno a los agentes sociales para que alcancen, de forma bipartita, un acuerdo para reformar los convenios. Sin embargo, CEOE-Cepyme y CCOO y UGT celebraron el jueves la última reunión, descartando de momento que el acuerdo sea posible en el día indicado por el Ejecutivo.

El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, a la vista de la vía muerta en la que parecen haber entrado las negociaciones les había urgido a que firmaran, aunque fuera solo un preacuerdo, para dejar para los siguientes días los flecos pendientes. Pero el cambio denunciado por los sindicatos que ha dado la CEOE sobre las materias a negociar, en concreto, el modelo salarial han hecho imposible que se produzca.

Es más, los responsables empresariales y sindicales se han dado este fin de semana para reflexionar y se han emplazado para la próxima semana para ver si hay alguna posibilidad de acuerdo, que según un comunicado conjunto de UGT y CC.OO. pasaría porque la patronal volviera a las posiciones iniciales.

En el comunicado sindical conjunto, se acusa a la CEOE de volver a posiciones maximalistas, al tiempo que aprovechan para pedirle al Gobierno que se «mantenga al margen», dado que esta negociación es bitapartita y en ella, los representantes gubernamentales no participan.

En este sentido, el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, ha rechazo un día antes de finalizar el plazo del Gobierno «las limitaciones temporales» marcadas por el Ejecutivo. No obstante, el líder sindical considera que todavía se puede lograr el acuerdo en «un espacio razonable de tiempo» en este asunto que «compete» a organizaciones sindicales y empresariales.

Por este motivo, Toxo insistió en que el Gobierno no debería someter a los negociadores a «ninguna presión externa».

Cabe recordar que empresarios y sindicatos acordaron en febrero de 2010 reformar la negociación colectiva, para lo que se fijaron de plazo hasta finales de ese mismo año. Sin embargo, las negociaciones de la reforma laboral, que finalizaron truncadas y dieron lugar al decreto ley aprobado de forma unilateral por el Gobierno dejaron todos los temas pendientes, el diálogo social bloqueado y una huelga general convocada (29-s).

Tras la llegada de Valeriano Gómez, a partir de octubre se reanudaron los contactos hasta volver a recuperar el diálogo social hasta que en febrero pasado se logró un «gran pacto social», en el que se incluía la reforma de las pensiones y los sindicatos «arrancaron» del Gobierno intervenir en la redacción del desarrollo normativo de la reforma laboral. El Gobierno, por su parte, pidió a los agentes sociales que reformaran la negociación colectiva y les dio de plazo hasta el 19 de marzo.

Diferentes responsables del Ministerio de Trabajo han reconocido que el Gobierno tiene su propuesta sobre lo que debe ser esta reforma, aunque esperan que antes de ejercer su responsabilidad ambas partes se pongan de acuerdo. En cualquier caso, en el documento del Gobierno no se incluya la pretendida «ultraactividad» de los convenios (que se ponga el contador a cero en el momento de negociar un nuevo convenio).

Eso sí, y pese a que el propio presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, había dado la razón a los sindicatos en que el modelo salarial de utilizar como referencia la inflación prevista para subir los salarios era el adecuado, dado que en España durante la última década se aplicado la moderación salarial, el «Pacto del euro» ha cambiado el horizonte: ahora en todos los países de la UE se deberá fijar la subida salarial en función de la productividad, algo que los sindicatos rechazan de pleno.