El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha decidido ampliar la investigación con la redacción de un decreto motivado enviado a los fiscales encargados del caso, Juan Pavía y Alejandro Luzón, tal y como establece el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

La Fiscalía Anticorrupción investiga desde hace un año el destino del dinero aportado por los inversores al ‘holding’ de la familia Ruiz-Mateos para determinar si existieron presuntos delitos de insolvencia punible o alzamiento de bienes.

Fuentes de la investigación explicaron que, por el momento, se han localizado cerca de 900 inversores particulares frente a los 5.000 que los propietarios de Nueva Rumasa aseguran tener.

Este listado incluye a los depósitos entregados al ‘holding’ empresarial en las cuatro emisiones de pagarés y ampliaciones de capital realizadas desde febrero de 2009 hasta finales de 2010.

Las inversiones van desde un mínimo de 50.000 euros hasta un máximo de tres millones de euros, a través de las sociedades Carcesa, Hibramer, Maspalomas Hoteles y José María Ruiz-Mateos y dos de participaciones sociales correspondientes a Dhul y Clesa.

Por el momento, la Fiscalía descarta la presentación inminente de una demanda por estos hechos y seguirá investigando. Por otra parte, ayer se hizo público que el Juzgado de Instrucción número 50 de Madrid ha abierto diligencias previas contra Álvaro Ruiz-Mateos, uno de los hijos del fundador de Nueva Rumasa, y contra Antonio Álvarez-Montalvo, directivo de Clesa, por presuntos delitos contra la Seguridad Social e insolvencia punible.