Tras los acontecimientos del pasado mes de diciembre, en que el Gobierno se vio obligado a declarar el estado de alarma, para evitar el colapso de los aeropuertos españoles ante las bajas laboral en masa de los controladores aéreos, el laudo de Pimentel es el último paso para zanjar de una vez por todas el conflicto. Lo que se diga en el laudo será de obligado cumplimiento por ambas partes, y no podrá ser alterado, dado que no puede ser recurrido.

A fin de emitir su informe, el ex ministro se ha reunido con representantes de AENA y USCA, que representa al 97% de los 2.400 controladores en plantilla, con el fin de recoger toda la información y conocer de primera mano los puntos de divergencia, así como recibir toda la documentación para poder buscar un punto en común entre las reivindicaciones de unos y otros. Además ha tenido el asesoramiento de una persona asignada por AENA y otra por los controladores.

Puntos del conflicto

El laudo deberá fijar, finalmente, la forma en que se ejecutará el reparto de la masa salarial, además de cómo se designarán los puestos de responsabilidad del colectivo y las condiciones laborales y salariales en las que entrarán los nuevos controladores que se incorporen a la plantilla.

Por lo que respecta a la masa salarial, sí había acuerdo en que ésta fuera de 480 millones de euros para 2010, y de 460 millones para el resto de los años del convenio. Sin embargo, el punto de fricción se encontraba en la forma de repartirlos. Los representantes de AENA defendían la distribución de un complemento de 33.000 euros anuales para flexibilizar la jornada laboral y vinculados a objetivos de productividad, teniendo en cuenta el nivel de absentismo o regulaciones por dependencia. Por su parte, los controladores pedían un reparto equitativo de la masa salarial para todo el colectivo, con independencia de horas, bajas, etc.

Los representantes de AENA consideraban que el complemento sólo lo debían recibir los controladores en activo, acogidos a la Licencia Especial Retribuida, que en la actualidad se encuentra suspendida durante tres años, además de aquellos controladores que desempeñaran funciones de instrucción y supervisión.

Dicha licencia es una situación previa a la jubilación, a la que podían acogerse los controladores que hubieran cumplido los 55 años de edad y prestado, como mínimo, 30 años de servicio. A partir de los 52 años podían cobrar 170.000 euros como salario anual. La suspensión temporal de la licencia y la nueva normativa introducida supone que los controladores entre 52 y 57 años de edad que, por causas psico-físicas, hubieran perdido su condición de controlador operativo pasarán a realizar otras funciones. Y una vez cumplidos los 57 años, si las condiciones persisten, pasarán directamente a la reserva activa con un salario de 50.000 euros.

Por lo que respecta a la designación de los puestos de responsabilidad, AENA defiende que deben ser designados por el ente, y llegado el caso de la privatización, por los nuevos responsables de las torres liberalizadas. Sin embargo, los representantes de USCA pedían que se aplicaran otros criterios, como el de la antigüedad.

La contratación de nuevos controladores sería la tercera cuestión en conflicto, ya que AENA insiste en que se utilice cualquiera de las fórmulas recogidas en el Estatuto de los Trabajadores, mientras que los controladores quieren hacer su posición de formadores para aplicar otros criterios de selección.

La firma de los convenios colectivos de AENA y controladores siempre han estado envueltos en conflictos permanentes. El último episodio forma parte ya de la historia reciente de España, ya que por primera vez un Gobierno se vio obligado a decretar el estado de alarma y lo acontecido durante diciembre está en manos de la Justicia para que depure responsabilidades, ya que el espacio aéreo español permaneció cerrado durante un día como consecuencia de la ausencia masiva de controladores en las torres de control, alegando problemas de estrés…

El último convenio firmado tuvo lugar en 1999 y tenía vigencia hasta 2004. Desde entonces no hubo forma de que se pusieran de acuerdo ambas partes.

Además, el nuevo convenio tiene la peculiaridad que deberá adaptarse al Real Decreto de 5 de febrero de 2010 por el que se otorgaba al propio ente público la gestión laboral del colectivo. Desde esa fecha el conflicto fue en aumento, dado que además dicha ley regulaba las condiciones laborales de los controladores, estableciendo una nueva organización de trabajo, al regular las horas laborales y de descanso, además de incluir una rebaja salarial, que suponía un 40% menos, lo que suponía una media de 200.000 euros anuales.