En la querella presentada este viernes  se les acusa de ser «unas empresas que modulan, manipulan y generan situaciones, contraviniendo la legalidad penal, para obtener unos beneficios tanto directos como indirectos». Esta querella es la primera presentada en Europa contra las agencias de ‘rating’.

En concreto, se acusa a estas agencias de actuar como un «oligopolio» -cuentan con un 90% del mercado-, lo que les permite regular y controlar los mercados financieros con sus informes de calificación, manejando «arbitrariamente» los precios.

La querella estima que las agencias han obtenido por estas prácticas unos beneficios anuales de 3.000 millones de euros, con márgenes de hasta un 50%. El 75% de sus ingresos provienen de las comisiones que cobran a los emisores por calificar sus títulos.

Agravan los problemas de algunos países

Esto, supone, además, un «conflicto de intereses», ya que los principales compradores de deuda pública son los clientes de las agencias. En este sentido, les acusan de rebajar la calificación de la deuda pública de los países, contribuyendo a agravar los problemas financieros de muchos países y de sus empresas.

Además, la querella considera que en los años previos a la crisis financiera emitieron calificaciones sobre entidades financieras «excesivamente optimistas» e «irresponsables». En este sentido, recuerdan las elevadas calificaciones concedidas al fondo de Bernard L. Madoff, a Lehman Brothers, quebrado en 2008, y a Enron, empresa energética que quebró en 2001 por fraude contable.

Los querellantes, que ejercen la acusación popular, son un grupo de abogados reunidos bajo la plataforma ‘Unión por las Libertades Civiles y el Observatorio de los Derechos Económicos y Sociales’ y dirigidos por los letrados Gonzalo Boye y Jaume Assens.

Piden la entrada y el registro

Los querellantes piden a la Audiencia Nacional que ordene la entrada y registro de las sedes de Moody’s, Fitch y Standard and Poor’s en España para la obtención de pruebas documentales. Previamente, la Audiencia Nacional deberá admitir a trámite la querella, trasladarla al querellado y dar traslado al Ministerio Fiscal, que deberá pronunciarse al respecto.

Además, solicitan que identifique a los cuadros directivos para que declaren como imputados. Los querellantes citan como director ejecutivo de Moody’s España a Juan Pablo Soriano; de Fitch Ratings España a Thomas Saul, y de Standard and Poor’s España a Myriam Fernández de Heredia.

Además, recuerdan que tanto el Congreso de EEUU como el Fondo Monetario Internacional (FMI) han emitido sus respectivos informes en los que critican la actuación de las agencias de calificación.

Asimismo, se solicita a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que remita un informe con las transacciones bursátiles de deuda pública realizadas por las agencias entre 2008 y 2010, y a la Dirección General del Tesoro que remita un listado de entidades participantes en el mercado de deuda pública desde enero de 2009 a enero de 2011, entre otras diligencias.

Los delitos denunciados están tipificados en los artículos 284 y 285 del Código Penal y contemplan penas de prisión de entre seis meses y cuatro años. Actualmente, estas agencias está bajo supervisión de la CNMV y, a partir del próximo mes de julio, la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) asumirá su control.