El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino tiene previsto celebrar esta semana una reunión con representantes sindicales para abordar la situación derivada de la entrada en fase preconcursal de diez empresas pertenecientes a Nueva Rumasa, que suman más de 4.000 empleos, según informaron a Europa Press en fuentes de la Federación Agroalimentaria de UGT.

En el blog de Nueva Rumasa y Ruiz Mateos se afirma que «la compañía mantiene conversaciones “muy avanzadas” con un grupo inversor que prevé tomar una participación minoritaria aún por determinar e inyectar capital en el grupo, con una aportación que inicialmente cifran hasta en 500 millones de euros».

En el encuentro, que contará previsiblemente con la presencia de la directora general de Industria y Mercados Alimentarios, Isabel Bombal, se tratará la situación de los trabajadores de estas empresas, que además sufren desde hace meses retrasos en el cobro de sus salarios.

De las diez empresas que han solicitado el ‘preconcurso’, ocho pertenecen al sector agroalimentario (Clesa, Dhul, Elgorriaga, Trapa, Garvey, Quesería Menorquina, Cecesa e Hibramer), con una plantilla superior a los 3.000 trabajadores. A estos habría que sumar los 1.100 empleados de la división hotelera Hotasa y la plantilla del club Rayo Vallecano.

UGT ha asegurado que las empresas de Nueva Rumasa «hace ya dos años que se retrasan en los pagos a empleados y a proveedores, lo que suponía falta de materia prima para las fábricas que implicaba el bloqueo de la producción».

En este sentido, las federaciones agroalimentarias de UGT y CCOO estudian personarse en los procesos abiertos por Nueva Rumasa al amparo de la Ley Concursal, para que los trabajadores cobren los salarios atrasados.

La familia Ruiz-Mateos anunció el pasado jueves esta medida, después de que el director general de la Tesorería General de la Seguridad Social, Javier Aibar, advirtiera de que se habían dado muchas oportunidades a Nueva Rumasa para regularizar su situación y confirmara que se había ordenado embargos preventivos de bienes propiedad de sociedades de la familia.

Las diez empresas que se han acogido al procedimiento de negociación de deuda de la Ley concentran gran parte del endeudamiento financiero del grupo, que, según datos de Nueva Rumasa, asciende a 700 millones de euros.