Con la reforma laboral  de fondo y todos los cambios que precisan aún de un desarrollo reglamentario, en el Ministerio de Trabajo han comenzado a explicar lo que les gusta y lo que no en materia de contratación. Así, el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, considera que las bonificaciones a la contratación a tiempo parcial derivadas del pacto social y económico apuestan por la creación de empleo «en términos casi comerciales», al justificar una «mercancía barata» de contratación para que ésta luego se traduzca en una mayor número de cotizantes a la Seguridad Social.

«Vamos a ver si ponemos barata la mercancía de contratación de nuevos trabajadores para conseguir que luego pasen a ser cotizantes de la Seguridad Social», afirmó Granado en un almuerzo organizado por la APIE, para después descartar que estas bonificaciones supongan un «descuento», sino que aportarán «creación de empleo».

De esta forma justificaba el secretario de Estado la merma en unos 235 millones que supondrá esta medida del plan de choque en los ingresos de la Seguridad Social, de la que auguró «menores apreturas» para este ejercicio ante el comportamiento «más parejo» de ingresos y gastos.

En este sentido, consideró «sorprendente» que con la elevada tasa de paro, la Seguridad Social aún cuente con superávit, pues en países con menor destrucción de empleo como Alemania, Francia e Italia los sistemas públicos de pensiones ya han entrado en ‘números rojos’.

El responsable de la Seguridad Social se refirió a la «gran separación de fuentes» que supuso no imputar los gastos de Sanidad, algo que sí que permanece en el resto de Europa, e incluso se atrevió a cifrar en cerca de 100.000 millones de euros el desfase de las cuentas de la Seguridad Social si se hubiera seguido pagando esta factura.

Granado también se mostró confiado en desarrollar la revisión de la reforma de las pensiones justo cuando se termine de implementar los cambios que se introducirán desde 2013 hasta 2027, al tiempo que recordó que los despedidos antes de enero de 2013 y aquellos contemplados de forma explícita en convenios firmados antes del 2 de febrero de 2011 se jubilarán con las condiciones actuales.

El Fondo de Reserva, sin problemas antes de 2027

«Es difícil que se produzcan desequilibrios antes de 2027 con el Fondo de Reserva, aunque el déficit empiece antes», calmó el secretario de Estado, quien se congratuló de que la reforma de las pensiones se acometa con una acuerdo entre Gobierno, sindicatos y empresarios, así como con el aval del Pacto de Toledo. «Nadie pensaba que iba a darse este consenso», recordó.

Precisamente Granado reivindicó que el Gobierno «no iba de tapadillo» y se «desnudó» desde el comienzo dando a conocer su propuesta al Pacto de Toledo, para más tarde llegar a considerar que el debate en torno a la reforma de las pensiones, debatido durante más de dos años en esta comisión del Congreso, ha sido el «más rico» de la Democracia.

FEDEA, a favor de un sistema mixto

Por su parte, antes de la intervención del secretario de Estado, el miembro de FEDEA César Molinas aseguró que la reforma de las pensiones consensuada «debería» incrementar el negocio de los planes de pensiones privados, si bien éstos tendría que «replantearse» sus servicios. Además, abogó por sufragar parte de los gastos de la Seguridad Social con impuestos, pero eso sí, nunca para financiar la parte contributiva.

Molinas defendió un sistema mixto de capitalización y reparto con el fin de «diversificar» el riesgo, ante los desequilibrios de la pirámide poblacional y eventuales turbulencias en los mercados financieros. «Serían el complemento de riesgos de uno con el otro», indicó.