El Ministerio de Trabajo hizo público el anuncio del acuerdo social y muestra que se han salvado los escollos pendientes en materia de políticas activas de empleo. Este miércoles está previsto que los máximos responsables de los agentes sociales firmen el documento del pacto previsiblemente con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

El acuerdo consiste en un “plan de choque” de políticas activas, que tendrá una duración de un año y estará destinado a los parados de larga duración, que han agotado todas las ayudas posibles, incluidos los 426 euros mensuales de subsidio excepción.

Estos desempleados, y aquellos cuyos ingresos no superen el 75% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) recibirán una ayuda de 400 euros mensuales. Es de suponer que esta ayuda económica adicional también tendrá fecha de caducidad, los mismos doce meses que está previsto que dure el plan de actuaciones de políticas activas.

Estos parados deberán recibir cursos de formación y tendrán personal especializado para orientarles en su recolocación. El Gobierno espera duplicar la plantilla de orientadores en febrero, que pasarán de 1.500 a 3.000.

Habrá bonificaciones a la contratación

La propuesta del Gobierno sobre la que están negociando propone una bonificación del 100% para las pymes y del 75% para las empresas de más de 250 trabajadores, tanto en contratos temporales como indefinidos, aunque con una duración diferente. En el caso de los temporales, estas bonificaciones serán de seis meses; y en la de los indefinidos de un año.

Sobre este asunto, la CEOE ha pedido que la bonificación de las cotizaciones empresariales para los contratos a tiempo parcial dure dos años y no uno, como pretende el Ejecutivo, ya que consideran que los incentivos que se apliquen para fomentar la contratación deberían estar vigentes durante la duración del contrato. Y de continuar la crisis económica “es posible que se prorroguen estas condiciones de contratación”, según explico este lunes el responsable de Relaciones Laborales de CEOE, José Manuel de la Cavada.

El Gobierno, además, deberá reunirse con los responsables de Trabajo de las comunidades autónomas, a fin de coordinar, el plan de actuaciones, dado que son las autonomías las que tienen las competencias.

Se incorporarán los partidos

En este sentido, José de la Cavada también ha confirmado que se espera de un momento a otro que se incorporen a las negociaciones representantes de los grupos parlamentarios, tal y como había ofrecido el Gobierno para acelerar la puesta en marcha de los acuerdos.

La Cavada, que participó en unas jornadas organizadas por la APIE (Asociación de Periodistas de Información Económica), mostró algunas de las objeciones de los empresarios sobre el acuerdo para reformar las pensiones. La CEOE consideró conveniente rebajar un 0,7% las cotizaciones profesionales a la Seguridad Social.

En otras materias, la CEOE propone que las mutuas de accidentes de trabajo formen parte de las juntas directivas de las empresas, empezando por aquellas con mayor número de mutualistas.

Y en cuanto al desarrollo de la reforma laboral y el anuncio del Gobierno de “endurecer” las causas del despido objetivo, La Cavada calificó de “incongruente” con el espíritu de la Ley. El problema se centraría en qué se entiende por “pérdidas coyunturales”, que es lo que el Gobierno quiere unir como causa del despido objetivo.

El 19 de marzo, clave para los convenios

La única materia que quedará abierta a la negociación de empresarios y sindicatos será la reforma de la estructura de la negociación colectiva. En la propia reforma laboral del pasado año se fijaba el 19 de marzo de este año como fecha tope para tenerla culminada. Aunque según ha explicado el responsable de relacionales laborales de la patronal “las espadas siguen en alto”, al tiempo que ha confirmado que ni a empresarios ni a sindicatos les ha gustado que se “imponga” por Ley un plazo.

En la CEOE existe el convencimiento que para el 19 de marzo habrá un acuerdo sobre convenios, “aunque sea un desacuerdo palmario”, y si la reforma no satisface a las dos partes, los empresarios “nos lo vamos a pensar”.

En materia de convenios, donde el Gobierno no participará en las negociaciones aunque ya tiene preparada su propuesta, las posiciones siguen aún muy distantes. La CEOE insiste en acabar con la “ultraactividad” –prórroga automática de un convenio cuando no se ha negociado-, algo que los sindicatos rechazan de plano. En el ministerio de Trabajo, por su parte, han asegurado a diarioabierto.es que en ningún caso su propuesta contempla “poner el contador a cero”.

Por tanto, Gobierno y sindicatos mantendrían la misma posición en esta materia a todas luces conflictiva, ya que como ha explicado de la Cavada, mantener su vigencia “fosiliza la negociación”, y si se dejaran “aparcadas” algunas materias de los convenios se “dinamizaría” su negociación.

En lo que sí parece haber más acuerdo entre los agentes sociales es en introducir mayor flexibilidad interna en las empresas, así como en incrementar la participación de los sindicatos en la empresa.

En cuanto a los contenidos de las negociaciones, el responsable de las relaciones laborales de la CEOE ha insistido en la necesidad de acabar con la ‘ultraactividad’ (prórroga automática de un convenio cuando no se ha negociado otro) porque, a su entender, «fosiliza» la negociación colectiva.

Zapatero recupera la iniciativa política

Desde el punto de vista político el acuerdo social supone un balón de oxígeno para el presidente del Gobierno cuestionado en las últimas semanas incluso dentro de su partido en el seno del cual se había hablado incluso de la posibilidad de que dejase el cargo antes de las próximas elecciones municipales.

Rodríguez Zapatero comenzó la semana pasada a recuperar  protagonismo, abandonado meses atrás en manos del vicepresidente Rubalcaba, en el momento en el que se encarrilaron las negociaciones con los sindicatos para la reforma de las pensiones. Fruto de ese acuerdo fue el anteproyecto aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros.