Fumata blanca

27/01/2011

Maite Vázquez del Río.

No hay que negarle a todas las partes el esfuerzo que han realizado, que siguen realizando con los pequeños escollos, para alcanzar un acuerdo sobre la reforma del sistema público de pensiones. Está demostrado que cuando la necesidad aprieta (Bruseles, FMI, OCDE…) antes o después se consigue, pese a que más de uno se haya tenido que tragar sapos y culebras. Ya hay fumata blanca en el acuerdo de pensiones, y a partir de ahora, de forma progresiva, lenta e inexorable, tendremos que cotizar 38,5 años para poder cobrar el 100% de la pensión. Eso sí, con el límite de los 65 años que podrá ir hasta los 67.

Ha sido el propio presidente del Gobierno el que ha buscado este acuerdo con ahínco. Zapatero cenó durante más de tres horas con los líderes sindicales y empresariales y, por fin, aproximaron posiciones. En cierto modo, se ha encontrado la fórmula en que cada parte consigue lo que buscaba: el Gobierno exige más condiciones en tiempo (garantizando los ingresos del sistema), los sindicatos retiran ese dígito de 67 años que tanto había disgustado a la sociedad en general, y a los empresarios, que esta vez no podían llevar a sus aguas de rebaja de cotizaciones la negociación, todo les ha parecido bien.

En este proceso han cambiado muchas cosas. El Gobierno ha dejado de dar «jaques mates» y los sindicatos han abandonado su «posición de enroque permanente». Algo habrá tenido que ver, también, que en el Ministerio de Trabajo hay un «viejo conocido» de los agentes sociales, Valeriano Gómez y su equipo, que se ha mostrado incansable y convencido de que todo era posible. Y hasta la propia recuperación por parte de Zapatero de un apartado políticamente Jesús Caldera, que ha aportado también su granito de arena en las negociaciones con los partidos políticos en el Pacto de Toledo.  Y, por supuesto, la misma actitud del presidente del Gobierno, que en esta ocasión ha comprendido lo que tantas veces alabó, el diálogo social, pero que siempre se olvidó de practicar, tal vez, porque en estos últimos años de gobernar todo corría prisa y no estaba dispuesto a perder el tiempo.

Sea como sea, y a falta de conocerse en su totalidad la naturaleza y efecto de todos los cambios que se van a introducir, el «preacuerdo» en la clave que obstaculizaba todo lo demás, los 38,5 años de cotización sobre los que hablaremos durante el resto de nuestra vida laboral con la calculadora en la mano, siembra dudas y desasosiego. Tal vez sea lo mejor para que el sistema público se pueda mantener a base de cotizaciones; tal vez era el único camino, o eso, o jubilarse obligatoriamente a los 67 años (para esa edad «solo» se pedirán 38 años de cotización), pero de cara a aquellos que aspiramos alguna vez a jubilarnos nos deja abiera la incógnita de si seremos capaces de poder cotizar 38,5 años. Sólo hace falta dar un vistazo a nuestro mercado laboral: precario, lleno de desempleo, con altas tasas de paro juvenil, con cada vez más entradas y salidas del antiguo INEM…

Los que están cobrando ahora una pensión no han vivido el problema. Encontraban un trabajo, más o menos seguro, desde jóvenes (20 a 22 años) y ahí seguían hasta jubilarse. Ahora todo es temporalidad. En el momento de firmar un contrato, la mayoría de las veces ya conocemos el día en que seremos despedidos… la reforma laboral última no nos ha garantizado nada más que si tenemos la suerte de ser contratados de forma indefinida y nos despiden, nos indemnizarán con menos dinero que aquellos a quienes sustituimos para hacer el mismo trabajo. Tal vez la única puerta grande que deja la reforma de las pensiones sea el reconocimiento que se hace a los becarios, quienes trabajan como cualquiera, en horas y capacidad, pero que no tienen ningún derecho. Es una buena apuesta empezar por los cimientos y abandonar el tejado.

Como el tiempo apremiaba tal vez se haya quedado para mejor ocasión abordar cosas tan sustanciales como que las cotizaciones sólo sirvan para pagar las prestaciones contributivas, ni subsidios, ni prestaciones no contributivas… ni todos los derechos sociales que deberían ser atendidos con los Presupuestos del Estado, esto es, con impuestos. Tampoco se ha dejado claro que el superávit de la Seguridad Social sea utilizado para cuadrar las cuentas del Estado como ha ocurrido en muchas ocasiones para que el Gobierno de turno vendiera un déficit menor o incluso superávit. A ver qué pasa con los flecos…

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