El Gobierno deberá rebajar de forma «sustancial» la cifra de 41 años cotizados para poder jubilarse a los 65 años con el cien por cien de la pensión si quiere lograr un acuerdo en materia de pensiones antes del próximo vienes 28 de enero, cuando el Gobierno aprobará el anteproyecto de Ley. Esta es la única hipótesis con la que juegan los sindicatos para poder alcanzar con el Gobierno un acuerdo en materia de pensiones.

Todos los rumores apuntan a que el Gobierno estaría dispuesto a reducir los 41 años que propone de cotización para tener derecho al 100% de la pensión, aunque para el presidente del Gobierno es irrenunciable fijar los 67 años como la edad legal de jubilación, un requisito con el que ya se ha puesto de acuerdo, de momento, con CiU, y es muy posible que los nacionalistas vascos del PNV también le den su apoyo, ya que en la última redacción de las recomendaciones del Pacto de Toledo se agregado una coletilla (calificada de ambigua por los diputados populares) de que la ampliación de la edad de jubilación «será gradual, no homogénea ni forzosa».

O lo que es lo mismo, para cobrar el 100% de la pensión se deberán tener 67 años y haber cotizado a la Seguridad Social 41 años. Según fuentes de la negociación, el Gobierno estaría dispuesto a reducir esos años cotizados a los 38. No obstante, esa edad legal no será homogénea, como tampoco ahora lo es a los 65, dado que existen colectivos que tienen adelantada esa edad, como sería el caso de los mineros o guardias civiles. Este colectivo se podría ampliar también, por ejemplo, a los trabajadores de la construcción y oficios similares, que requieran de un esfuerzo físico. Y no será forzosa, dado que cualquier trabajador puede jubilarse antes de la edad legal, con la consiguiente merma de su pensión, según los años de adelanto. No obstante, el Gobierno también amplía en dos años de 61 a 63 la edad en que los trabajadores podrán pedir la jubilación anticipada.

Estos rumores se han visto, además, reforzados por unas manifestaciones de la vicepresidenta económica, Elena Salgado, quien este miércoles reconoció que el Gobierno estaría dispuesto a rebajar esos 41 años de cotización que había fijado. No obstante, los sindicatos aún no han visto ninguna propuesta de recorte en esta materia que les satisfaga, dado que para UGT y CC.OO. ni siquiera son aceptables los 40 años, porque según sus cálculos «quedarían fuera» del dereco a jubilarse con el 100% de la pensión la «inmensa mayoría» de los trabajadores. Para los sindicatos se trata de carreras de cotización «muy largas» que sería muy difícial alcanzar, sobre todo, tendiendo en cuenta las circunstancias del mercado laboral español. Y como botón de muestra la elevada tasa de paro juvenil y el acceso cada vez más tardío a un puesto de trabajo.

Es por este motivo por el que los sindicatos están dipuestos a que haya un acuerdo si el Gobierno acepta rebajar los años cotizados. De esta forma, el Ejecutivo ha conseguido desplazar el interés de las centrales sindicales a los años de cotización en lugar de la edad de jubilación, tras el cambio de matiz dado en el Pacto de Toledo de aceptar que la jubilación sea flexible. Por este motivo, se podría «jugar» con todos los supuestos entre la edad de jubilación y los años cotizados para tener derecho a una pensión pública, pese a que en el Pacto de Toledo no se ha puesto la palabra «voluntariedad» que exigen los sindicatos.

Tanto UGT como CC.OO. esperan que el Gobierno acepte los «temas clave» de esta negociación, porque de lo contrario, han vuelto a advertir, «la confrontación será inevitable», según ha asegurado el secretario de comunicación de CC.OO., Fernando Lezcano.

Mientras tanto, entre el cruce de declaraciones ante los medios de comunicación, representantes del Ministerio de Trabajo continúan reuniéndose y manteniendo contactos permanentes con los representantes sindicales y empresariales. El acuerdo alcanzado en el Pacto de Toledo podría haber abierto una nueva vía para posibilitar el acuerdo, que para el Gobierno ya no es tan urgente de cerrar antes del viernes, aunque tanto en el Ejecutivo como en las centrales sindicales todavía no han descarto que dicho acuerdo pueda alcanzarse incluso el mismo viernes.

El próximo 28 de enero se cumple el primer plazo. Es la fecha fijada por el Gobierno más de cara a las autoridades europeas, del FMI o de la OCDE que al proceso de negociación. Como este miércoles recordaba el ex ministro de Trabajo, Jesús Caldera, a quien Zapatero le ha encargado directamente negociar con los partidos políticos y los sindicatos, «hay margen» suficiente para seguir negociando. Es el margen que da el mismo trámite parlamentario, por el que el anteproyecto de ley para reformar las pensiones que apruebe este viernes, 28 de enero, el Gobierno podrá ser modificado a través de enmiendas.

Si se alcanza un acuerdo con los sindicatos (los empresarios no han puesto ninguna objeción a las propuestas del Ejecutivo dado que siempre se han mostrado partidarios de elevar la edad de jubilación y en la CEOE saben que ahora no es posible pedir una rebaja de las cotizaciones), todo lo que modifique con dicho acuerdo al anteproyecto podrá ser introducido vía enmiendas, que serían presentadas por el grupo socialista.