ACS solicitó, en abril del año pasado, que se le reconociera su derecho a formar parte del consejo de administración de Iberdrola al detentar en aquel momento algo más del 12% de los derechos políticos de la empresa eléctrica. Con posterioridad ACS ha superado el 20% del capital de Iberdrola. En virtud de la legislación vigente se designó un representante de la constructora como miembro del consejo e inmediatamente la junta de accionista revocó dicho nombramiento argumentando que las dos sociedades compiten en sectores estratégicos para Iberdrola. ACS impugnó los acuerdos de la junta que le afectaban y es sobre lo que ahora ha fallado el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Bilbao.

La defensa de ACS se basaba en negar que existiera  competencia entre las dos compañías y que de haberla era mínima y residual. Por el contrario Iberdrola la calificaba de estratégica.

A lo largo del tiempo que ha durado el conflicto, ACS ha ido incrementando su participación en la eléctrica, hasta superar el 20% a finales de 2010, presionando por tanto porque se le reconociera su derecho a estar en el consejo e influir en la gestión en la proporción que le da su porcentaje de capital y anunció su intención de vender el negocio de energías renovables que tiene con la intención de que desapareciera un posible foco de competencia de importancia ya que Iberdrola ha centrado buena parte de su desarrollo societario en las energías renovables. Hasta el momento ACS no ha vendido su negocio de renovables.

La sentencia del Jugado de Bilbao da completamente la razón  a Iberdrola señalando que la junta de accionistas actuó conforme a derecho al revocar el nombramiento del consejero en representación de ACS al entender que las dos compañías son grupos competidores en energías renovables y en ingeniería industrial y que ambas áreas de negocio son estratégicas para Iberdrola.

Con esta cuestión habría bastado para dar la razón a Iberdrola en sus alegaciones. Pero la sentencia va más allá y señala que, además, existen riesgos de concurrencia competencial en otras áreas de negocio, como el coche eléctrico o los servicios de ahorro energético, por lo que “la decisión de la junta está justificada por la necesidad de impedir los perjuicios derivados del acceso a información relevante por parte del consejero nombrado por una sociedad competidora”.

Por  último, la sentencia rechaza el argumento de ACS de que hay otras empresas presentes en el consejo de Iberdrola que tienen intereses en sociedades que hacen lo mismo que Iberdrola y a ellas no se les ha impedido formar parte del consejo. El juez estima que se trata de entidades financieras que también participan en otras sociedades energéticas y que este hecho no se puede equiparar con empresas que directamente realicen las mismas funciones.

La sentencia termina desestimando íntegramente la demanda interpuesta por ACS a quien condena a pagar las costas procesales y señala que cabe recurso de apelación de la misma. Lo razonable es que la constructora recurra en los próximos días.

Pero la pelea por el control de Iberdrola entre los gestores, encabezados por Ignacio Sánchez Galán que cuenta con el apoyo del consejo de administración y de las entidades financieras que son accionistas de la eléctrica, y la constructora presidida por Florentino Pérez no termina con esta sentencia. Quedan otros flancos judiciales, pero sobre todo ver si ACS puede incrementar su participación en la compañía o lograr apoyos de terceros accionistas como algunos fondos de inversión.

ACS consolidará por puesta en equivalencia su participación en Iberdrola, lo que le permitirá mejorar en parte su balance. Las compras de la última parte del año, hechas a precios más bajos que las primeras, le permiten bajar el coste medio de la inversión acercándolo al de cotización y, por lo tanto, o no hacer provisiones por minusvalías o que éstas sean menores.

En abril, Iberdrola celebrará como es tradicional su junta de accionistas ordinaria y en ella ACS seguirá no pudiendo ejercer su derecho al voto por más el 10% del capital aunque posee más del 20%. Las cláusulas de blindaje de la eléctrica se lo impedirán. Pero esta limitación desaparece el primero de julio. A partir de ahí en Iberdrola estiman que ACS podría proponer la celebración de una junta extraordinaria con el objetivo de rechazar la gestión de la eléctrica. En esa junta ACS podrá hacer valer toda su participación.

La cuestión, entonces, sería ver quién tiene más apoyos reales. En la eléctrica creen que ACS podría tratar de forzar la junta en pleno verano, para que se produjera una menor asistencia y por lo tanto que su participación fuera más relevante, al tiempo que consideran que la constructora podría acercarse a algunos fondos de inversión que pudieran coincidir con los intereses de ACS de proceder a vender parte de los activos de Iberdrola para con esos fondos repartir dividendos extraordinarios que le permitieran reducir la deuda contraída para comprar las acciones de la eléctrica. Los próximos meses darán la razón a unos u otros.