La administración tenía pensado emitir el año pasado deuda por valor de hasta 5.000 millones de euros con cargo al déficit de tarifa de las eléctricas pero los retrasos administrativos y las condiciones de mercado lo impidieron. Cuando todo parecía que estaba solucionado y que diciembre podría ser el momento para que se hiciera realidad, las tormentas sobre la deuda española y algunos otros países periféricos del euro lo impidieron. Aunque el Gobierno manifestaba su voluntad de llevarlo a cabo, en las compañías eléctricas se tenía claro que no iba a ser posible porque habría supuesto un encarecimiento excesivo de esas emisiones.

Las empresas eléctricas contabilizan el déficit de tarifa en sus cuentas por lo que desde ese punto de vista no hay ningún problema. Pero si existe un problema real: la falta de estos ingresos efectivos en su caja les obliga a endeudarse por encima de lo necesario para hacer frente a sus obligaciones de pago y de inversión.

Y en los momentos actuales de escasez de crédito ello significa mayores dificultades para obtener ese dinero  y, sobre todo, costes financieros más elevados. Alguna de las empresas de calificación de riesgos que estudia a las compañías españolas ya ha manifestado que puede rebajar el rating de las compañías si no se empieza a vislumbrar pronto una solución al aumento del déficit de tarifa en las cuentas de las sociedades.

Por su parte, las compañías no hacen sino presionar, aunque saben que tienen escaso recorrido en ese sentido, para que de una vez por todas se ponga en marcha la emisión y se regularice la cuestión retomando el plan de terminar con el déficit dentro del calendario ajustado que está previsto.

La subida de la tarifa en un 10% que ha entrado en vigor el día 1 de enero es una manera de tratar de poner al día los costes de la energía de forma que no se genere más déficit o que si ocurre lo sea en menor proporción que lo hecho hasta ahora. Existe la voluntad de que el problema no siga engordando en exceso y las compañías así parecen haberlo entendido toda vez que en esta ocasión no han elevado demasiado la voz por considerar que la subida era insuficiente ni por la introducción de una tasa sobre la generación de electricidad que va a proporcionar algunos cientos de millones de euros a las arcas del Estado.

En medios del sector se da por seguro que ha habido una negociación discreta entre el Ministerio de Industria y las grandes empresas en los días previos a la subida de la luz que ha impedido que a la contestación ciudadana, escasa, por el incremento de la factura eléctrica se uniera la sectorial por entender que debía ser mayor para evitar crecimientos futuros del déficit de tarifa.

El hecho de que la patronal del sector, que acaba de cambiar de presidente, no tuviera conocimiento previo de la imposición de la nueva tasa, que naturalmente repercutirá directamente sobre los beneficios de las compañías, y que apenas se haya manifestado en contra suya, lo que parecería normal ante cualquier subida de impuestos o tasas, avala la tesis de que ha habido acuerdos que se han alcanzado fuera de la mesa.