Así, a partir de este sábado será el Govern quien controle la calidad de los trenes que salen o llegan a Cataluña, aunque todavía no gestionará los trenes de largo recorrido y la alta velocidad.

Se prevé una oferta de 763 trenes semanales circulando de media, así como una plantilla de 256 personas y un parque móvil de 56 unidades. A partir de ahora Adif y el Ejecutivo catalán colaborarán en la programación de las frecuencias y horarios de las líneas.

El Estado traspasó el 17 de noviembre este servicio, con 11 millones de usuarios anuales y 735 trayectos, asumiendo el déficit del servicio, estimado en 14,8 millones de euros para dicho ejercicio.

A partir de ahora, la Generalitat establecerá las tarifas aplicables al servicio, aprobará las condiciones generales de los contratos de transporte de viajeros, podrá articular fórmulas de adhesión a los sistemas tarifarios integrados y bonificaciones para determinados colectivos, y coordinará los servicios ferroviarios de Regionales con los restantes servicios de transporte.

Asimismo, será responsable de la inspección de los servicios y de la aplicación del régimen sancionador en caso de que haya infracciones a la normativa reguladora, fijará los servicios mínimos en caso de conflicto colectivo en cualquier empresa de transporte ferroviario, y será la encargada de resolver las reclamaciones de los viajeros, además de ser la responsable de determinar los derechos y deberes de los usuarios.

El Estado se reserva las funciones correspondientes a la infraestructura de la red ferroviaria de interés general y la licencia de empresa ferroviaria, la regulación de la formación obligatoria y habilitaciones de personal, así como la expedición de títulos.