os primeros días de un nuevo gobierno son muy peligrosos. Los nuevos miembros del gabinete viven su minuto de gloria y los medios de comunicación los acosan y les preguntan que van hacer. Los peligros de calentarse la boca para caer en gracia son grandes. De momento los “deseos” de los nuevos consejeros del Govern català van aflorando.

La vicepresidenta Joana Ortega aspira a tener las competencias que daba el Estatut que aprobó el Parlament y que se vieron sensiblemente recortadas primero en su tramitación en las Cortes y posteriormente por la sentencia del Tribunal Constitucional. “Tenemos muy claro que no renunciamos en ningún caso a lograr el horizonte competencial marcado por el Parlament el 30 de septiembre”. Este desiderátum viene acompañado de un acto de realismo al recordar que aquel texto no contemplaba la capacidad plena de la Generalitat de convocar consultas populares sin el aval del Estado, por lo que propuso modificar la Ley de Consultas aprobada por el tripartito y que ha sido recurrida por el Gobienro ante el Constitucional. En este sentido fue taxativa con los referéndums independentistas que se están repitiendo en Catalunya: “Son consultas que salen de la iniciativa social y particular y desde el Govrn no deben impulsarse en absoluto”.

Por su parte el conseller de Territorio y Sostenibilidad, Lluís Recoder estrenó su gestión manteniendo la tradición de subir el peaje de las autopistas con el cambio de año. Concretamente un 3,45%. Fue su primera medida, por lo demás anunció revisar el proyecto de la línea 9 del metro de Barcelona por que tiene un sobrecoste de 500 millones al año, aunque subrayó que es una obra absolutamente necesaria, pero que se lleva la mitad del presupuesto de su departamento. Tras declararse ecologista, anunció su apuesta por construir el cuarto cinturón que, en su opinión, es vital para mantener la competitividad de la economía catalana. Asimismo reclamó que el Estado ceda a la Generalitat una parte importante de sus acciones en el aeropuerto de Barcelona tras su decisión de privatizarlo para tener voz y voto en su gestión. Asimismo afirmó que se replanteará la contestada limitación de velocidad de 80 kilómetros por hora en el área metropolitana.

Por su parte el nuevo conseller de Sanitat, Boi Ruiz aseguró que por ahora “no es el momento adecuado para el copago” y por lo tanto no figura en los planes del gobierno. Ruiz, que siempre había defendido el copago como una solución para paliar los gastos sanitarios, apuesta ahora “por una profunda revisión del sistema” y una solución podría ser que los hospitales cobraran los servicios que prestan al margen de las atenciones hospitalarias, como podría ser la alimentación.

Por su parte Ferran Mascarell, en una amplia entrevista en “El País”, asegura que ha aceptado la oferta de incorporarse a un gobierno de CiU pese a su militancia socialista porque “los programas culturales que hay en Catalunya beben todos de las mismas fuentes, no es cuestión de la aplicación mecánica de un programa sino de reforzar la cultura en nuestro país” y apostilla “se trata de sumar”. Adelantó su apuesta por mantener la Ley del Cine que obliga que una parte de las películas se doblen al catalán.

Sobre el tema lingüístico defendió como objetivo que “todos nuestros hijos sepan un muy buen catalán y un muy buen castellano” y asegura que hay una asignatura pendiente “que el Estado entienda qué es plurilingüístico” aunque reconoció que “el catalán está en el mejor momento de su historia”.

Por su parte Francesc Xavier Mena –consejero de Trabajo y Empresa. se fijó como gran objetivo reducir el paro a la mitad en esta legislatura y “si no lo logramos significará que no hemos hecho bien el trabajo”. Consideró que la nueva reforma laboral se “ha quedado a medio camino” y pidió a los sindicatos que faciliten el camino de la recuperación económica.

La consejera de Justicia, Pilar Fernández Bozal, se marco como prioridad “la austeridad y que los servicios de justicia y penitenciarios sean de calidad” antes que recuperar las competencias sobre justicia que se fijaban en el Estatut y que se vieron afectadas por el fallo del Constitucional.

Finalmente el flamante consejero de Agricultura, Josep Maria Pelegrí, no descartó recuperar  la idea de un trasvase de las aguas del Ródano a Catalunya para solucionar los periódicos problemas de sequía.