Los controladores vuelven a sorprendernos una vez más. Ahora nos anuncian que, si se levanta el estado de alarma, serán buenos, no harán huelga y nos dejarán pasar unas Navidades en paz. Y es posible que esta actitud tan “considerada” a algunos les parezca hasta bien.

Pero el problema de los controladores no es si hacen huelga o no, que, en definitiva, es un derecho que pueden ejercer cuando les plazca, sino el abandono irresponsable  y por sorpresa del trabajo, el incumplimiento de sus obligaciones laborales y profesionales, el ánimo de causar el mayor daño posible a la sociedad, tomando como rehenes y víctimas a unos ciudadanos inocentes e impotentes ante sus desmanes.

Lo que se espera de ellos es que trabajen y cumplan sus obligaciones como hacen la mayoría de los trabajadores y que, si no están de acuerdo con las medidas de gestión adoptadas por su empresa, con sus condiciones de trabajo o por las nuevas reglamentaciones, recurran a la huelga o a los Tribunales. Cualquier cosa menos tomarse una pretendida justicia por su mano, amparándose en el carácter de servicio público de su función, en la indefensión de cientos de miles de viajeros y del escaso margen de maniobra de las autoridades para revertir una situación sobre la que ellos tienen todo el control por la ausencia de alternativas.

Si hubieran ejercitado su derecho de huelga, las consecuencias hubieran sido muy distintas. Conocida la convocatoria y dado el carácter de su actividad, se hubieran establecido los servicios mínimos pertinentes y el espacio aéreo  hubiera permanecido abierto; las compañías transportistas hubieran adecuado sus planes operativos y de vuelo a esa situación, los viajeros hubieran sabido a que atenerse y hubieran programado sus desplazamientos de la forma que mejor les conviniera y, por supuesto,  a los huelguistas le habrían deducido las retribuciones correspondientes al tiempo no trabajado. En fin, todo muy normal y con perjuicios medidos y limitados. Pero, eso sí, no hubieran causado todo el daño que deseaban.