El ministro de Fomento, José Blanco, no necesitó zaherir a Mariano Rajoy a cuenta de la gestión de la crisis de los controladores porque el portavoz del PP en la materia, Andrés Ayala, se mostró comedido y evitó provocarle. Pero me consta que Blanco llevaba preparada una carga de profundidad contra el líder de la derecha que tardó cuatro meses en comparecer en el Congreso para explicar la catástrofe del Prestige y cuando lo hizo, con las costas del Cantábrico negras del chapapote que no paraba de fluir, habló de aquella fisura de la que salían “hilillos”.

Tampoco  esgrimió Blanco los datos sobre las aventuras y concesiones de Francisco Álvarez Cascos a los controladores. Pero me consta que pudo decir y no dijo que tres meses después de suscribir el convenio de 1999 que dejaba en manos de los corporativos el espacio aéreo, aceptó el chantaje de triplicarles el precio de las horas extras. Es más, el entonces dirigente del sindicato de los controladores llamó al “número dos” de Cascos para exigir nuevas concesiones y éste, en vez de citarle en su despacho, tuvo que acudir a hablar con el sindicalista en Barcelona. El “número dos” era, a la sazón, Benigno Blanco, después dirigente de las familias católicas.

La prórroga del estado de alarma para mantener bajo jurisdicción militar a esos profesionales y evitar que repitan su chantaje durante las fiestas navideñas marcó la jornada parlamentaria del martes. El Consejo de Ministros se reunió en el Congreso para formalizar la renovación de la alarma, que se votará el sábado. El PP no decidirá su voto hasta escuchar los argumentos del Gobierno. Los conservadores esperaban que interviniese el presidente Zapatero, pero se quedarán con las ganas de escucharle porque no será él sino el ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, quien cumplimentará el trámite. Zapatero quiere preparar a fondo el Consejo de Bruselas y no acudirá siquiera a inaugurar el AVE, a Albacete y Cuenca. Y eso que la máquina de llevar turismo y dinero a las provincias da muchos votos, según dicen.