Desde el año 1991 en el que asistí a la asamblea europea del juego, convocada por la UE, para el estudio de la aplicación de sus principios fundamentales de libertad de establecimiento y libre competencia en el sector, sabía que la apertura del mercado del juego era inevitable. Por España asistieron el ONLAE, como gestor del sus loterías y quiniela, la ONCE, como gestor de sus sorteos y la Sociedad de Fomento de la Cría Caballar de España (SFCCE) como gestor de la Quiniela Hípica, de la que entonces aún era propietaria y a la que yo representaba.

Se trataba de la lucha de las casas de apuestas privadas (bookmakers), principalmente inglesas, contra los monopolios de los estados continentales, por hacerse con una parte del mercado de apuestas hípicas y deportivas al que no tenían acceso.

Dos conceptos del mercado de las apuestas distintos con finalidades también diferentes: casas privadas, con ánimo exclusivo de lucro personal, y sistema de cotización fija para marcar los precios; y monopolios estatales (ONLAE, PMU, etc.), cuyo ánimo era recaudar para fines sociales o para remunerar a los sectores generadores de la actividad sobre la que se apostaba, mediante el sistema de apuesta mutua.

Frente a la decisión de la CEE de la apertura paulatina, ambos adoptaron posturas muy diferentes. Los organismos oficiales intentaron mantener el monopolio el mayor tiempo posible, mientras que las casas privadas optaron por comenzar la actividad en el resto de los países de forma clandestina.

Concretamente en España, los bookmakers empezaron a hacer publicidad en la prensa de sus productos y a establecer locales en la costa donde radicaban los turistas de sus países. Contra esto, el Organismo de Loterías no hizo prácticamente nada.{destacado}

Con el tiempo, dos circunstancias han sido fundamentales en el cambio del panorama: el desarrollo de internet y la transferencia de competencias a las comunidades autónomas.

De la primera se aprovecharon las casas privadas para vender sus productos impunemente, tanto que en la actualidad la publicidad de las mismas en las transmisiones deportivas de radios es escandalosa por su elevado volumen, desarrollando un mercado muy lucrativo que ni tributa ni renta a los gestores que generan los espectáculos (fútbol, tenis, baloncesto, automovilismo, carreras de caballos, etc.)

La segunda,  ha creado un “cacao de mucho cuidado” que puede terminar en la aprobación diecisiete leyes y otros tantos organismos que puedan otorgar licencias, uno por comunidad autónoma, dejando un mercado muy troceado que no sirva absolutamente para nada, precisamente cuando la tendencia es la de ampliarlos y, sobre todo, cuando la posibilidad de jugar a fondo común es fundamental para el sostenimiento de los precios en apuestas mutuas.

El Estado Francés, obligado por las circunstancias, ha sido el primero en regular seriamente el sector. Ha optado por la privatización del PMU y las apuestas deportivas protegiendo a los sectores generadores estableciendo un porcentaje de retorno para los mismos y obligando a que las apuestas hípicas, parte principal de su mercado, se realicen bajo la modalidad de mutuas. Así se protege la pureza y se evita el fraude. En principio la Ley parecía buena. Su aplicación real es otro tema.

El Estado Español ha reaccionado más tarde y parece que prepara una ley de regulación del sector. Sin embargo, aún estamos a tiempo de hacer las cosas bien. Para ello, esa ley debería contemplar:

1º Un único organismo para el otorgamiento de licencias de ámbito nacional, aunque luego los impuestos que se recauden se repartan entre las comunidades autónomas.
2º Un retorno a los sectores generadores de las apuestas, bien como contempla la ley francesa de un porcentaje sobre el volumen de juego, bien obligando a las empresas explotadoras a contratar con los propietarios de los derechos de cada competición la gestión de los mismos.
3º Para que la apuesta mutua pueda competir con la cotización fija es imprescindible que se permita el fondo común entre todos los organizadores de apuestas sobre un mismo evento, radiquen donde radiquen, en España o fuera de ella.
4º Que se pueda contar con más medios para ayudar a erradicar el fraude en el deporte (compra de partidos, doping, …) estableciendo, como ya ocurre en otros países y en grandes eventos deportivos (COI y FIFA), protocolos de alerta temprana en conjunción con los propios operadores de juego.

Así, las federaciones deportivas y la SFCCE tendrían una financiación adicional, de la que están tan necesitadas, que serviría para pagar viejas deudas o para disminuir las aportaciones del Estado a las mismas en concepto de subvenciones. Si no, los beneficiados serán las casas de apuestas que tendrán mayores beneficios aprovechándose de un espectáculo por el que no pagan nada y que en definitiva, acabarán asfixiando financieramente.

Andrés Ramos Covarrubias, Secretario General de la SFCCE